Promociones

Posdata posveraniega: sobre la Ley de la Memoria Histórica
Francisco Espinosa Maestre

Por fin, después de varios aplazamientos, salió la conocida como Ley de la Memoria Histórica, cuya denominación real es “Anteproyecto de ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”. Sea lo que sea de ella, merece un comentario en sí. Lo primero que llama la atención es la ausencia absoluta de dos palabras: República y golpe militar. El anteproyecto prefiere otro anclaje basado en estas dos palabras: Transición y Constitución de 1978. Y no parece mala idea retrotraerse a la transición y a la Constitución para ver qué se ha hecho en España en los últimos 30 años con quienes perdieron vidas y haciendas por su condición de republicanos, demócratas, antifascistas, izquierdistas o simplemente rojos . Pero no, esa relación de leyes reparadoras que iría desde la peculiar (auto)amnistía de 1977 o la Ley de Pensiones de Guerra de la UCD hasta las ayudas aprobadas en tiempos recientes por las diversas comunidades autónomas, no se ha hecho.

Ocurre, sin embargo, que las causas de los derechos y medidas en los que ahora se quiere profundizar remiten a hechos muy anteriores a la Transición y la Constitución. Y para esto el anteproyecto utiliza otras dos palabras: Guerra Civil y Dictadura. Sin duda algo hemos avanzado, pero no lo suficiente. Digámoslo claramente: los derechos y medidas ahora en preparación intentan reconocer y compensar los daños causados por el golpe militar que el 18 de julio de 1936 quiso acabar con la II República, daños que se extienden de 1936 a 1977. Dicho golpe se impuso en medio país y fracasó en el otro medio, dando lugar a una terrible guerra civil que duró tres años. Pero una vez concluida ésta los vencedores continuaron la represión hasta cumplir su objetivo fundamental, que no era otro que arrancar hasta la última raíz de lo que había sido la experiencia republicana.

De ahí que el anteproyecto falle desde su base: está bien que se reconozcan y amplíen derechos a quienes padecieron persecución durante la guerra y la dictadura, pero se desaprovecha la oportunidad de restablecer las bases de nuestra memoria democrática, lo que sin duda pasa por mirar a la República. Esto no supone que haya que convocar en breve plazo un referéndum sobre monarquía o república. Se trata simplemente de que desde el poder político y desde el Estado se asuma de una vez que la última experiencia democrática fue la II República y que es de los efectos de su destrucción de lo que tratamos con estas medidas legales encaminadas a repararlos. La prueba de lo que realmente está en juego lo muestra la campaña incesante que ciertos medios de la derecha mantienen contra aquella breve etapa histórica.

Antes de entrar en el anteproyecto hay que decir otra cosa. Se ha perdido la oportunidad, lo cual resulta inexplicable con los medios de que ha dispuesto la Comisión Interministerial, de explicarnos qué hizo el franquismo por sus víctimas y por los familiares, y decírnoslo, año a año, en hechos y en pesetas. Así al menos tendrían un motivo para callar los que piden que ahora se dé un tratamiento similar a las víctimas de ambos bandos. A buenas horas. ¿Quién en la derecha lo pidió entre 1939 y 1975? ¿Y después? En realidad, ahora resultaría insoportable que el Estado democrático diese a las víctimas de la represión franquista y a sus descendientes el mismo trato que el Estado fascista dio a los suyos. No es posible imaginar los extremos a que se llegó. Grima produce la “guerra de esquelas” a la que estamos asistiendo desde hace unos meses. Hace falta ser ignorante o tener muy mala fe para no percibir que para las víctimas de la represión franquista este período de catarsis que vivimos ha representado la primera oportunidad de hacer público hechos silenciados durante décadas y de exteriorizar su dolor. Por el contrario, sólo hace falta asomarse a la prensa del territorio ocupado por los golpistas desde el 36 o a cualquier periódico de la eterna posguerra para darse cuenta de que las personas afectadas por el terror rojo ya dispusieron de mucho más de lo que ahora algunos de ellos niegan a los demás acusándolos de rencorosos y de reabrir heridas .

Pero, en realidad, esta oportunidad de recordar qué trato dio el franquismo a las víctimas según su color no se ha perdido casualmente, ya que los redactores del anteproyecto no establecen diferencia alguna entre quienes protagonizaron el golpe de estado y quienes lo padecieron, ni entre la violencia del que agrede y la violencia del que se defiende, ni entre la democracia agredida y el fascismo agresor. Sólo hablan de guerra civil y de dictadura; la República y el golpe militar no existen.

He aquí unos cuantos aspectos que merecen comentarse:

— Llama la atención el artículo 2, en que se matiza que la reparación afectará a todas las personas que sufrieran daños y violencias diversas “cualquiera sea el bando o la zona en la que se encontraran”. Evidentemente si la Comisión se hubiera molestado en poner en claro qué se hizo durante cuarenta años por las víctimas del terror rojo no hubiera hecho falta ahora volver a incluirlas en el anteproyecto. Y no porque no lo merezcan, lo que está fuera de toda duda, sino porque lo que había que corregir era precisamente el olvido de las otras víctimas.

— Otros artículos producen cierta perplejidad, como el 3 con “el derecho a obtener una Declaración de reparación y reconocimiento personal”. Curiosamente en el punto 3 de este artículo se lee lo siguiente: “En todos los casos, será necesario que los comportamientos en su día enjuiciados o sancionados resulten conformes a los principios y valores constitucionales hoy vigentes”. Entonces no se entiende cómo podrán acogerse al anteproyecto aquellos que sufrieron violencia por sus posiciones antidemocráticas o progolpistas.

— El punto 4 del artículo 4º hace recaer sobre los solicitantes la entrega de la documentación que servirá de base a las decisiones de la Comisión, aunque está podrá recabar más por su cuenta. Cualquiera que esté relacionado con estos asuntos sabe que los afectados de un modo u otro por la represión franquista cuentan con muy poca documentación, hasta el punto de no poder demostrar no ya los años perdidos en prisión sino incluso la desaparición por asesinato de familiares cercanos. En este sentido, lo que hubiera sido necesario es activar un procedimiento de habeas data que obligue a todos los departamentos del Estado a poner a disposición del solicitante toda la información con la que sobre cada caso cuenten.

— La creación de un Consejo formado por “cinco personalidades de obligado prestigio en el ámbito de las ciencias sociales” y elegidas nada menos que por mayoría de 3/5 del Congreso que decidirá sobre cada solicitud mueve a risa si no fuera por lo serio del tema. ¿A quién se le ha podido ocurrir semejante despropósito? ¿No basta para obtener el “certificado de víctima” el hecho de haber sido inscrito en el Registro Civil en la manera en que lo fueron miles de personas o, peor aún, el ser a estas alturas un desaparecido cuya muerte no consta en sitio alguno? ¿No basta el certificado de los años pasados en prisión o como trabajador esclavo al servicio del Estado o de ciertas empresas privadas? ¿No bastan las sentencias de los consejos de guerra o las del TOP? Aquí surge otra de las carencias de la Comisión: debería haber establecido de manera exhaustiva y definitiva (medios ha tenido) todos los lugares, ya públicos ya privados, donde se conserva documentación de carácter represivo.

— El artículo 7 aclara, por si hubiera alguna duda, que las “Declaraciones de reparación y reconocimiento”, que se publicarán en el BOE, sólo tendrán por objetivo dejar constancia de la injusticia cometida. A nada más darán derecho y en ellas “se omitirá toda referencia a la identidad de cuantas personas hubiesen intervenido en los hechos o en las actuaciones jurídicas que dieron lugar a las sanciones o condenas”. He aquí un país donde aún hoy, a 70 años de los hechos, se desconoce la identidad de buena parte de las personas asesinadas y resulta que la Comisión se preocupa por salvaguardar la identidad de los responsables, de los perpetradores… Y por si hubiera quedado alguna duda, esto se completa con el punto 2 del art. 25, que amparándose en la nefasta Ley de Patrimonio Documental de 1985 exige a los responsables de los archivos preservar la identidad de los autores o intervinientes en actos represivos mediante la entrega de un certificado y no de una copia de los documentos donde se aluda a aquellos. Con este artículo, que olvida que lo único que exige la ley últimamente es el plazo de 50 años a partir de fecha del documento, podemos volver a aquellos tiempos no muy lejanos en que los responsables de los archivos, ante la duda, denegaban por sistema la consulta de ciertos documentos. Pero aquí surge otra de las carencias del anteproyecto: con la Ley de Patrimonio Documental actualmente vigente y nunca desarrollada, no vamos a ningún lado.

— El Estado tampoco asume las exhumaciones, dejándolas en manos particulares que podrán solicitar subvenciones. Que esto ocurra cuando hemos pagado entre todos la localización y exhumación de los caídos en la División Azul en la lejana Rusia carece del más mínimo sentido. Y, sobre todo, que esto ocurra cuando fue el Estado el que corrió con todo lo relativo a la exhumación de las víctimas de los rojos supone una discriminación totalmente injustificada. Debería ser el Estado democrático el que informara a los ciudadanos sobre qué fue de familiares desaparecidos y no al revés. ¿Ha preguntado la Comisión a las instituciones relacionadas con la represión (Ejército, Guardia Civil y Policía) qué fue de los llamados “archivos del terror”? ¿Ha investigado la destrucción de archivos durante la transición?

— El artículo 17 sobre la retirada de símbolos y monumentos públicos relativos a la guerra civil está marcado por la frase: “cuando exalten a uno sólo de los bandos enfrentados en ella o se identifiquen con el régimen instaurado en España a su término [de la guerra civil]”, salvo “cuando concurran razones artísticas”. El redactor aquí se ha lucido. Por temor “a tomar partido” iguala, una vez más, a ambos bandos. En este caso también la Comisión podía haber sido útil proporcionándonos una relación selecta de los símbolos y monumentos destruidos por los sublevados a partir del 36. ¿Y qué decir del Valle de los Caídos? ¿Tanto hubiera costado crear en su interior un museo que contara la historia de su construcción? ¿A quién se dañaría trasladando los restos de Franco a Ferrol y los de Primo de Ribera a Jerez? Y la farsa del Alcázar de Toledo, ¿hasta cuándo?

— Lo del Centro Documental de la Memoria Histórica está por saber qué será y en qué consistirá, si es que alguna vez llega a tomar forma. Mientras tanto será como las utopías o como uno de aquellos cielos que cantaba Jaume Sisa. Y de la recopilación de documentos y testimonios orales para el archivo de Salamanca, ¿qué decir? Está muy bien pero eso de que “se integrarán” o que “se arbitrarán los medios necesarios” suena a lo de siempre, a buenas y etéreas intenciones. Me gusta eso de que vamos a tener derecho a acceder a los archivos privados sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos, pero no va a ser fácil, entre otras cosas porque no sabemos ni lo que tienen. ¿Se ha molestado acaso alguien, por muy subvencionada que esté, en saber lo que tiene la Iglesia o las grandes empresas privadas que se beneficiaron del trabajo esclavo? ¿Cuenta el Estado con un inventario de los fondos de la Fundación Francisco Franco?

Finalmente hay que destacar la ausencia de cualquier referencia a la revisión o anulación de sentencias de los tribunales militares tras la sublevación. Entre el todo y la nada cabía una solución intermedia que hubiera resuelto inicialmente la cuestión: dejar abierta una puerta a los casos que se presentaran. Uno sólo sería suficiente para que quedara claro qué debe hacer una sociedad democrática con el pesado legado que va de los consejos de guerra sumarísimos de urgencia al TOP. Pero, una vez más, el pasado y los que no quieren romper con él se han impuesto.

* Entre los últimos libros de Francisco Espinosa Maestre podemos destacar La justicia de Queipo (Barcelona, Crítica, 2005) y Contra el olvido. Historia y memoria de la guerra civil (Barcelona, Crítica, 2006), miscelánea que incluye, entre otros trabajos, “El fenómeno revisionista. Los fantasmas de la derecha española”.

 

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